Las consecuencias del DANA

En un escenario de incertidumbre para el sector agrario español, el Departamento encabezado por Luis Planas ha comunicado la falta de datos precisos sobre las indemnizaciones que serán asignadas para mitigar los perjuicios ocasionados por los recientes desastres naturales. Las consecuencias más devastadoras se han registrado en Castilla-La Mancha, superando las 11.000 hectáreas afectadas, seguida por Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Los cultivos más golpeados han sido los frutos secos, particularmente el almendro, así como los herbáceos extensivos, la uva destinada a vinificación y las hortalizas de verano.

Frente a este panorama desafiante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reafirmado que los daños provocados por lluvias intensas, granizadas o vientos fuertes están incluidos en el sistema de seguros agrarios. Aunque esto brinda un cierto grado de alivio a los agricultores afectados, aún existe una preocupación latente respecto al alcance de las indemnizaciones y la rapidez con que se podrán materializar. La falta de datos concretos sobre las compensaciones agrega una capa adicional de incertidumbre en un momento crucial para el sector.

Proyectando hacia el futuro, el Gobierno advierte que el año 2023 podría ingresar en los anales de la historia como el año de mayor siniestralidad en el seguro agrario de España. La proliferación de fenómenos climatológicos adversos ha llevado a estimar que las indemnizaciones totales podrían sobrepasar los 1.000 millones de euros. Específicamente, cerca de la mitad de esta cifra, alrededor de 460 millones de euros, se destinarán a compensar a los agricultores afectados por la prolongada sequía, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de estrategias y políticas que fortalezcan la resiliencia del sector agrario ante los desafíos climáticos emergentes.